Uno de los tantos tópicos que preocupan y ocupan a
quienes se interesan por el tema educativo es el del gobierno de la enseñanza.
Históricamente ese es problema que ha dividido las opiniones entre los que
defienden un sistema educativo manejado por el poder político y quienes
defienden la incidencia de los trabajadores de la educación y de los
estudiantes, en la conducción de la misma. En términos generales, los Partidos
Tradicionales siempre se pronunciaron a favor de la primera opción, y la
izquierda a favor de la segunda. Con excepciones, como siempre.
En el año 1991, se crean por ley las Asambleas Técnico
Docentes. Órganos asesores y consultivos en materia técnico docente y en
políticas educativas, integrados por maestros y profesores sin presencia de
inspectores ni autoridades de ningún tipo. Fue una conquista gremial como
resultado de una larga lucha. Finalmente fueron convocadas oficialmente, con un
llamado a elecciones en el que participó la Corte Electoral.
No sin disputas internas, fueron electos los delegados
a las ATD, con predominio de docentes provenientes del ámbito sindical,
propuestos por la FUM (Federación Uruguaya del Magisterio) y por las filiales
de todo el país.
La ATD fue convocada y comenzó a sesionar con mucho entusiasmo.
Se redactaron miles de páginas con propuestas de todo tipo, elaboradas por los
docentes; propuestas que abarcaban desde temas jurídicos como el Estatuto del
Funcionario hasta temas técnicos como la enseñanza de la lecto-escritura. Sin embargo,
en los hechos tuvieron muy poca incidencia en las decisiones del Consejo en sus
comienzos.
En esa época, los Consejeros de Primaria eran
designados por cuota política. Dos pertenecientes al partido de gobierno, que
en ese momento era el P. Nacional, y uno al P Colorado. Este último, era el Sr.
Winston Eleuchantz, persona totalmente ajena a la Educación, a Primaria, a las
escuelas, a las aulas y a los temas docentes. El diálogo con los representantes
de las ATD, era bastante difícil. Temas como la libertad de cátedra resultaban inabordables.
Y las propuestas de los docentes se archivaron en un estante.
Los maestros de Florida, enviaron desde las escuelas,
telegramas al Consejo solicitando que se diera lectura y consideración a todo
lo emanado de las ATD. Eso provocó la intervención del Departamento de Jurídica
de Primaria, desde el cual se amenazó a los Directores de las Escuelas con
sanciones por la medida tomada. Eso puso fin al episodio.
El tema de la incidencia del poder político en el
gobierno de la educación, versus el de los docentes, es un tema recurrente que
se ha puesto en evidencia en varios momentos de la historia. Hace dos o tres
años, comenzaron las discusiones en torno a la creación de la Universidad de la
Educación. Al parecer, todos somos contestes en cuanto a que hay que mejorar la
formación docente como requisito ineludible para mejorar la calidad de la
educación. Sin embargo, las discrepancias surgieron cuando se habló de que esa
Universidad, al igual que la Udelar, debería regirse por el Cogobierno.
Ahí otra vez se planteó la polémica y la dupla
blanquicolorada se opuso terminantemente.
La participación de un delegado de los docentes en el
Consejo fue una larga lucha. Hace unos años,
Bordaberry se manifestó a favor de duplicar el voto del Poder Ejecutivo
en el Consejo, para –de ese modo- anular o contrarrestar el peso del delegado
docente.
Creemos que los docentes de base, los que están más
cerca de la realidad áulica , son los que han atesorado un saber que se nutre
de la teoría y la práctica retroalimentadas mil y una veces, transmitido y
compartido en ámbitos de intercambio con otros docentes. Es lo que se denomina
“investigación-acción”, formulando hipótesis y poniéndolas a prueba, evaluando
resultados, compartiendo logros y fracasos. De ese modo, en el seno de una
cultura colaborativa se han generado saberes y experticias que desde fuera son
imposibles de lograr.